La semana pasada se dio a conocer de manera oficiosa el borrador para la Reconstrucción Social y Económica que plantea profundas reformas en el Sistema Nacional de Salud y que finalmente hoy ha salido a delante en el Congreso de los Diputados. No quiero analizar el detalle de todo el documento, pero si analizar sus objetivos, tácticas y conclusiones.
Empezaré poniendo mi atención en los objetivos que persigue el dictamen:
1) Recortar la factura del SNS
2) Minimizar la influencia de la industria farmacéutica en el SNS.
Para ello plantea medidas concretadas en tres puntos (disculpen mi tendencia a simplificar):
A) Eliminación de mutualidades privadas para prestar servicios sanitarios a los funcionarios del estado.
B) Prohibición de financiación directa o indirecta de la industria farmacéutica en actividades de divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes.
C) Prohibición de financiación de la industria farmacéutica en las actividades de formación continuada, investigación, divulgación/educación sanitaria.
En los tres casos las facturas y responsabilidades correrán a cargo del gobierno. La primera primera de las propuestas que elimina las mutualidades de los funcionarios, parece que no ha progresado de momento. Si no embargo hoy se han aprobado las relativas a las asociaciones de pacientes y la formación continuada de profesionales
A grandes (enormes) rasgos, este es el pastel que se ha cocinado en el ministerio de sanidad y si os digo la verdad me sorprenden más los objetivos que las tácticas ya que dicen mucho de como se entiende a la industria farmacéutica a la que pertenezco, pero de esto me ocuparé más adelante, de momento analicemos el efecto inmediato de las medidas:
Prohibición de la financiación privada de las asociaciones de pacientes:
Las asociaciones de pacientes tienen un papel esencial en nuestra sociedad, sin embargo no siempre se les trata como es debido. A rasgos generales (demasiado) su mayoría están formadas por pacientes o familiares de la enfermedad que les agrupa, no están profesionalizadas y sus objetivos rondan en buscar ayudas para la visibilidad y concienciación que revierten de manera directa en formación y diagnostico así como en fondos para la investigación.
Quien conozca, pertenezca o esté en contacto con alguna de estas asociaciones, será consciente de los malabares constantes que llevan acabo para hacer avanzar sus planes. Para ello buscan financiación en el propio gobierno en forma de ayudas, donaciones y financiación privada de actividades. Estos tres medios hacen que muchas personas se beneficien directa e indirectamente de los esfuerzos de dicha sociedad.
La industria farmacéutica financia muchas de estas asociaciones ya que dan visibilidad a alguna enfermedad para la que ellos aportan su tratamiento. Esta financiación estás sujeta a una fuerte legislación que impide la promoción de tratamientos, así como un verdadero esfuerzo por parte de FarmaIndustria por cumplir los estándares más estrictos en compliance.
En resumen: el interés de la industria farma en estos casos se limita a dar visibilidad a una enfermedad con la que previamente se han comprometido la investigación y desarrollo de medicamentos.
Es una intervención “blanca” donde en el mejor de los casos aparece el logotipo del laboratorio (o laboratorios en cuestión). Retirar este tipo de relaciones no aporta a los objetivos del gobierno. No reduce el gasto, si no que lo multiplica. Tampoco minimiza la influencia de la industria porque ya existen mecanismos que la anulan previamente.
En este aspecto me preocupa mucho el nuevo modelo, donde es el gobierno quien decide que asociación, que patología y que causa es la que recibe financiación. El fácil entender que un gobierno que tiene que pedir dinero a Europa para superar la crisis económica generada por el Covid-19 no alcanzará a financiar a la totalidad de asociaciones de pacientes y a las que alcance no lo hará de la misma manera que ahora. Cortar la financiación privada es una sentencia de muerte para muchas pequeñas asociaciones y por lo tanto para muchas personas afectadas.
Por otro lado se me hace muy difícil imaginar un escenario donde por un casual una asociación de pacientes demande un tipo de tratamiento (recordemos el caso de la hepatitis C) de manera rotunda y que el gobierno al que se le exige financie dicha protesta. Donde quiero llegar es al peligro inminente de politización extrema de la enfermedad, del uso programático de causas y de la limpieza intelectual. Pero, esto son solo cosas mías que soy un poco desconfiado, no se me ocurriría que un gobierno plantease algo parecido.
Prohibición de financiación privada en la formación médica continuada, investigación, divulgación/educación sanitaria.
Una vez más, esta medida no cumple los objetivos que persigue. No ahorra, si no que incrementa el gasto y tampoco reduce la influencia de la industria farmacéutica.
Tiene un planteamiento precioso, pero simplista. En la formación médica continuada, se busca independencia y excelencia, sin embargo estas medidas se aleja mucho de estos objetivos.
El SNS Español, basa en “créditos” la progresión profesional sanitario. Estos se obtienen mediante la formación medica continuada y la asistencia de cursos en congresos.
Los créditos dan un valor añadido a la carrera profesional sanitaria y certifican un nivel de enseñanza. Son valorados en el currículum profesional, es decir, son puntuables como formación complementaria en oposiciones, concursos, bolsas de trabajo, traslados o carrera profesional, para plazas de la Sanidad Española.
De ahí la enorme importancia que tienen la formación para los profesionales, más allá del propio reciclaje. Este sistema ha generado una saturación de la demanda en formación y es obvio pensar que los profesionales implicados busquen invertir su tiempo en cursos de calidad que transforme realmente su conocimiento y experiencia.
Es aquí donde entran los laboratorios que se han hecho cargo de la factura y progresión de la gran parte de la formación continuada en este país por dos motivos: por el acceso a la innovación, técnicas y profesionales multinacionales, como por en enorme gasto que este tipo de formación implica.
Se ha acusado muchas veces a la industria farmacéutica de manipular formaciones, pagar o agasajar a asistentes y de tener contenidos insustanciales con tal de justificar la presencia de los profesionales sanitarios. No dudo que todo esto ha pasado, pero tampoco que los mecanismos que impiden que se repita son mas fuertes que nunca, ya que toda la formación médica acreditada está supervisada por el propio ministerio de sanidad. Incluso en el caso de ser impartida en un congreso médico o sucedáneo, la ley es muy estricta al respecto ya que los laboratorios implicados solo pueden colaborar en eventos de carácter exclusivamente científico-profesional, dicha información ha de ser neutra y revisada por las autoridades sanitarias. No están permitidas actividades de entretenimiento o lúdicas y el coste por asistente está fuertemente controlado.
Quien trabaje en un departamento médico de un laboratorio o bien para ellos, sabe conscientemente que son extremadamente cuidadosos, hasta el punto que no se perciba la presencia del laboratorio ni sus tratamientos salvo por el logo del primero.
Resumiendo la influencia de la industria en la formación médica continuada es mínima y se resume en la relación personal con los propios sanitarios, no en la manipulación de la formación. El coste de dicha formación es enorme, ya que en el se basa la carrera de los profesionales sanitarios y a partir de ahora este coste está exclusivamente en las manos del gobierno.
Una vez más abro la puerta a mis dudas. En un escenario tan delicado como el que vivimos, donde se maltrata laboralmente a los profesionales sanitarios por falta de fondos. Donde no eran imprescindibles hasta que llegó una crisis sanitaria y aún así no se han mantenido los compromisos laborales, si no que se han endurecido, ¿será capaz el gobierno de afrontar el reto de una formación referente en todo el mundo? ¿Esto ahorra dinero? ¿Mejora su calidad e independencia?.
Como he dicho al inicio de este post, lo que me preocupa mucho es el concepto (ojo no hablo de imagen) de la industria farmacéutica y su implicación en nuestra sociedad. Porque al parecer hay que eliminarla de la ecuación con el SNS, ya que somos malísimos.
No soy personal sanitario, tampoco soy biólogo o químico. Soy Publicitario, es decir que si la industria farmacéutica es el demonio, yo pertenezco a la sección dura de su infierno. Mi trabajo es precisamente generar influencia, aumentar ventas, mejorar la percepción que se tiene de un determinado tratamiento, producto, área de trabajo o laboratorio en concreto. Me pagan por ello desde hace más de 20 años y huelga a decir que ni soy un delincuente, ni lo que hago es inmoral, ni mis clientes son criminales. Más bien es justo lo contrario, lo que estamos presenciando no es más que un nuevo acto en este teatro de percepciones donde hoy los malos son siempre los mismos, para justificar cualquier decisión.
Este es uno de los problemas, que en este asunto no hay buenos ni malos, si no diferentes grupos de personas tratando de aportar desde los medios que tienen. La colaboración entre médicos, investigadores, administraciones, sociedades y asociaciones con las empresas sanitarias es una realidad necesaria que ha llegado para quedarse. Es innecesario prohibir, cohibir, cortar e impedir porque no aporta. Tan solo hay que exigir por ley una mayor y mas fuerte honestidad por ambas partes.
A partir de ahora la principal vía de interacción de la industria farmacéutica es ilegal. Lejos de ser algo útil que beneficie a alguna de las partes, hace justo lo contrario. Corre el riesgo de que la formación continuada, investigación, divulgación/educación sanitaria sean monedas de cambio de los poderes políticos de turno. El riesgo de que el coste sea inabordable y por lo tanto sea susceptible de ser recortado. El riesgo de que todo el beneficio que ello acarrea, desaparezca. Me llama poderosamente la atención que en el documento aprobado se señale a los malos pero no indique como harán los buenos para mantener eso de lo que están tan orgullosos: la excelencia.
La industria farmacéuticas es necesaria y lo es en el formato actual: como empresa privada. Que ganen dinero es necesario para que se invierta en todo aquello que nos prohiben ahora (salvo el propio medicamento). Cuestionar este factor es cuestionar nuestro propio sistema de convivencia.
Me sorprende mucho el mutismo de toda la industria farmacéutica, de sus trabajadores directos e indirectos, parece que hemos aceptado el papel de malos de la película olvidando el beneficio esencial que aportamos a la sociedad en forma de tratamientos, información, formación y comunicación que damos a miles de profesionales y pacientes. Olvidamos que gracias a todo el esfuerzo individual de miles de personas, la sanidad española goza de una salud envidiable, aunque todavía quede mucho que hacer. Olvidamos que somos una industria esencial y como tal somos trabajadores esenciales para la sociedad. Se nos olvida que los congresos medicos, sus formaciones, la innovación en los mismos es lo que es, gracias a la ilusion, la pasión y el compromiso de millones de profesionales de la industria. Se nos olvida que gracias a nosotros miles de asociaciones de pacientes tienen la libertad de elegir quien, como y cuando una empresa financia parte de sus propósitos. Mientras no álcenos la voz como colectivo e individuos orgullosos, caeremos en el olvido y el único objetivo cumplido por esta reforma será la precariedad asistencial por no hablar de los miles de personas que perderán su trabajo por el camino.
Por eso tenemos que tener claros los objetivos de esta ley. Los objetivos y los subjetivos.
Si al terminar la lectura, están de acuerdo con este post, ruego lo compartan entre colegas y amigos. Si por el contrario se sienten corntrariados, ofendidos o directamente cabreados, les pido disculpas de antemano porque no era mi intención, ruego hagan sus comentarios, serán bienvenidos y respondidos con todo el respeto que se merecen.
Hablando de Marcas en Salud 